O Superior Tribunal de Justiça (STJ) formalizou, ontem (27), conciliação entre os pais de um menor nascido no Canadá, filho de mãe brasileira e pai canadense, numa ação de busca e apreensão da criança, hoje com sete anos de idade. A mãe a trouxe para o Brasil, em 2004, sem o consentimento do pai. A audiência de conciliação, realizada pelo desembargador convocado Paulo Furtado, da Terceira Turma, resultou num acordo provisório, segundo o qual o menor voltará a morar no Canadá com a mãe, a partir de março de 2011, com todas as despesas pagas pelo pai. Antes disso, porém, viajará para passar as férias escolares naquele país.
Com o acordo, fica suspenso o recurso em apreciação no STJ sobre o caso. A Terceira Turma do Tribunal Superior estava responsável pela apreciação de recurso especial interposto pela mãe, cujo objetivo era mudar decisão nos autos da ação que tinha sido ajuizada pela União. O intuito da União era entregar o menor à autoridade responsável no Canadá, com base na Convenção sobre Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças (Decreto n. 3.413/2000) – Convenção de Haia.
De acordo com o desembargador, a conciliação foi firmada “da melhor forma para a garantia do bem-estar do menor” e, assim, a Convenção de Haia será cumprida. O desembargador explicou, também, que o acordo é provisório porque a decisão pode ser revista pela Justiça canadense quando a mãe retornar àquele país, o que é provável que não aconteça, uma vez que os pais já entraram em entendimento.
Guarda do menor
A história envolvendo o caso foi iniciada quando a mãe do menino foi morar naquele país e manteve relacionamento com um canadense. Após a separação do casal, a criança passou a morar com a mãe, mas os cônjugues não regulamentaram, perante a Justiça canadense, questões referentes à guarda do menor. Até que, em 2004, a mãe, de posse de uma autorização do pai da criança para viajar apenas para os Estados Unidos, mudou o itinerário e embarcou para o Brasil, onde reside desde então.
No Brasil, a União moveu a ação de busca e apreensão da criança – que foi julgada procedente. Foi quando a mãe recorreu ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que confirmou a sentença, negando provimento ao apelo. Inconformada, a mãe interpôs recurso especial ao STJ.
retirado do site da ed. magister
sábado, 29 de maio de 2010
quarta-feira, 26 de maio de 2010
IAYFJM - International Association of Youth ad Family Judges and Magistrates
Hammamet, 24 de abril 2010
Querid@s colegas, querid@s amig@s
Les escribo esta carta antes que nada para agradecerles la confianza que han demostrado de frente al Bureau saliente durante estos ùltimos cuatro aňos, y por la confianza que quienes estaban presentes al Congreso de Hammamet han mostrado de frente al nuevo Bureau, durante el cual he sido nombrado Presidente.
En particular quisiera agradecer a la Presidente saliente por la capacidad, la determinación, la pasión y el corazón que ha puesto en todo lo que ha hecho para hacer crecer l’AIMJF. Será dificil suceder al «General» sobrenombre que Renate Winter ha recibido durante su mandato de Presidente.
Debo también agradecer a Oscar D’Amour, la memoria histórica de la AIMJF que nos recuerda siempre los statutos de AIMJF y nos ayuda a actuar una correcta aplicación de las reglas y procedimientos.
Cuatro veces gracias a Avril Calder, una vez por haber ejercido su función de Tesorera con tanta asiduidad y precisión, una segunda vez por su función de jefe de redacción de la Crónica, una tercera vez por haber reemplazado la Secretaria General - que no pude continuar la segunda parte del mandato su preciosa acción por motivos de salud - y una cuarta vez por haber sido la ayuda indispensable del Bureau durante el último periodo antes del Congreso de Hammamet en contacto con todos los membros.
«Last but not least» agradezco Ridha Khemakhem quien ha logrado organizar con la ayuda que la ATUDE - que podríamos llamar la hija mas joven de la AIMJF - aún con todas las dificultades de los días anteriores, un magnifico Congreso en Túnez. Efectivamente, gracias a Ridha Khelmakhem y sus colegas de la ATUDE, es necesario reconoser que la imprevisible e incontrolable fuerza de la naturaleza no ha logrado impedir el desarrollo de nuestro Congreso.
El XVIII Congreso podrá ser llamado el Congreso de la mayor edad. Esto significa que tenemos que entrar a pleno título en la edad adulta. Pero hoy hay que ser sinceros, la tarea no es facil. Una crisis general, y no solamente económica, ha tocado la mayor parte de nuestros países. Debemos vigilar para que esta crisis non se extienda también a una crisis de la Justicia juvenil que, como ha sido bien subrayado durante el Congreso de Hammamet, es el resultado de un viento que sopla pidiendo mayor represión, la disminución de la edad de la responsabilidad penal y el aumento de las penas.
Pero debemos ser positivos y saber que tenemos muchas cosas para decir a nuestros legisladores, a nuestros representantes políticos, a todos los que piensan y escriben los textos de las reformas que van en la dirección que he apenas mencionado, como también a los periodistas y medios de comunicación. Debemos hacer escuchar nuestra voz por medio de los mecanismos de comunicación que se estudiarán con el nuevo Bureau, como también con el nuevo Consejo que podrá participar aún más en las actividades de la AIMJF en el futuro.
Creo que sea fundamental tener objetivos bien concretos y prioridades que puedan evitar que la justicia de menores no vuelva hacia atrás. Entre otras cosas es importante ayudar a la construcción y al refuerzo de asociaciones nacionales y secciónes regionales de la AIMJF, favorecer los intercambios entre colegas de distintos Países, promover la asistencia tecnica a los Países desfavorecidos y ayudar para la integración de los colegas de estos países en las actividades de la AIMJF, sostener el trabajo precioso del Instituto de Derechos del Niňo (IDE) de Sion que ha realizado en estos últimos aňos muchas iniciativas importantes, entre otras, en Africa.
Para terminar, pienso que sea indispensable en la era de la tecnología reforzar el sistema de comunicación, sea al interno de la AIMJF sea hacia el exterior, por medio de istrumentos ya conocidos (por ejemplo site web) y otros instrumentos nuevos (por ej. video conferencias por skype y forum on-line).
En los próximos cuatro aňos hay mucho para hacer pero yo no estaré solo. El nuevo Bureau podrá siempre contar con la ayuda preciosa de Oscar D’Amour (Vice Presidente), de Avril Calder (Tesorera) y de Ridha Khemakhem (Vice Secretario General), como también con las nuevas energías de Eduardo Rezende Melo (Secretario General) y de mi mismo.
Debemos trabajar juntos por los derechos y el bienestar de l@s niň@s y de l@s jóvenes. Espero que ustedes me ayudarán en esta tarea durante el mandato 2011-2014, necesito de todos ustedes.
Deseo a tod@s un buen trabajo,
Joseph Moyersoen
Presidente de la AIMJF
Querid@s colegas, querid@s amig@s
Les escribo esta carta antes que nada para agradecerles la confianza que han demostrado de frente al Bureau saliente durante estos ùltimos cuatro aňos, y por la confianza que quienes estaban presentes al Congreso de Hammamet han mostrado de frente al nuevo Bureau, durante el cual he sido nombrado Presidente.
En particular quisiera agradecer a la Presidente saliente por la capacidad, la determinación, la pasión y el corazón que ha puesto en todo lo que ha hecho para hacer crecer l’AIMJF. Será dificil suceder al «General» sobrenombre que Renate Winter ha recibido durante su mandato de Presidente.
Debo también agradecer a Oscar D’Amour, la memoria histórica de la AIMJF que nos recuerda siempre los statutos de AIMJF y nos ayuda a actuar una correcta aplicación de las reglas y procedimientos.
Cuatro veces gracias a Avril Calder, una vez por haber ejercido su función de Tesorera con tanta asiduidad y precisión, una segunda vez por su función de jefe de redacción de la Crónica, una tercera vez por haber reemplazado la Secretaria General - que no pude continuar la segunda parte del mandato su preciosa acción por motivos de salud - y una cuarta vez por haber sido la ayuda indispensable del Bureau durante el último periodo antes del Congreso de Hammamet en contacto con todos los membros.
«Last but not least» agradezco Ridha Khemakhem quien ha logrado organizar con la ayuda que la ATUDE - que podríamos llamar la hija mas joven de la AIMJF - aún con todas las dificultades de los días anteriores, un magnifico Congreso en Túnez. Efectivamente, gracias a Ridha Khelmakhem y sus colegas de la ATUDE, es necesario reconoser que la imprevisible e incontrolable fuerza de la naturaleza no ha logrado impedir el desarrollo de nuestro Congreso.
El XVIII Congreso podrá ser llamado el Congreso de la mayor edad. Esto significa que tenemos que entrar a pleno título en la edad adulta. Pero hoy hay que ser sinceros, la tarea no es facil. Una crisis general, y no solamente económica, ha tocado la mayor parte de nuestros países. Debemos vigilar para que esta crisis non se extienda también a una crisis de la Justicia juvenil que, como ha sido bien subrayado durante el Congreso de Hammamet, es el resultado de un viento que sopla pidiendo mayor represión, la disminución de la edad de la responsabilidad penal y el aumento de las penas.
Pero debemos ser positivos y saber que tenemos muchas cosas para decir a nuestros legisladores, a nuestros representantes políticos, a todos los que piensan y escriben los textos de las reformas que van en la dirección que he apenas mencionado, como también a los periodistas y medios de comunicación. Debemos hacer escuchar nuestra voz por medio de los mecanismos de comunicación que se estudiarán con el nuevo Bureau, como también con el nuevo Consejo que podrá participar aún más en las actividades de la AIMJF en el futuro.
Creo que sea fundamental tener objetivos bien concretos y prioridades que puedan evitar que la justicia de menores no vuelva hacia atrás. Entre otras cosas es importante ayudar a la construcción y al refuerzo de asociaciones nacionales y secciónes regionales de la AIMJF, favorecer los intercambios entre colegas de distintos Países, promover la asistencia tecnica a los Países desfavorecidos y ayudar para la integración de los colegas de estos países en las actividades de la AIMJF, sostener el trabajo precioso del Instituto de Derechos del Niňo (IDE) de Sion que ha realizado en estos últimos aňos muchas iniciativas importantes, entre otras, en Africa.
Para terminar, pienso que sea indispensable en la era de la tecnología reforzar el sistema de comunicación, sea al interno de la AIMJF sea hacia el exterior, por medio de istrumentos ya conocidos (por ejemplo site web) y otros instrumentos nuevos (por ej. video conferencias por skype y forum on-line).
En los próximos cuatro aňos hay mucho para hacer pero yo no estaré solo. El nuevo Bureau podrá siempre contar con la ayuda preciosa de Oscar D’Amour (Vice Presidente), de Avril Calder (Tesorera) y de Ridha Khemakhem (Vice Secretario General), como también con las nuevas energías de Eduardo Rezende Melo (Secretario General) y de mi mismo.
Debemos trabajar juntos por los derechos y el bienestar de l@s niň@s y de l@s jóvenes. Espero que ustedes me ayudarán en esta tarea durante el mandato 2011-2014, necesito de todos ustedes.
Deseo a tod@s un buen trabajo,
Joseph Moyersoen
Presidente de la AIMJF
terça-feira, 18 de maio de 2010
Avó e tio têm direito à guarda compartilhada
Clique no título e leia o acórdão.
Decisão pioneira da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permite que a avó e o tio paternos de uma menor tenham a guarda compartilhada da adolescente, que convive com eles há doze anos, desde os quatro meses de vida.
Segundo informações da avó e do tio, o pai da menor está preso e a mãe dela trabalha em várias cidades, não sendo possível saber quando vai (ou se vai) visitar a filha. Os parentes recorreram à Justiça, pedindo a guarda compartilhada para regularizar uma situação de fato, para o bem-estar e o benefício da menor e para poder incluí-la como dependente.
A primeira instância julgou extinta a ação de guarda conjunta, dando chance à avó ou ao tio de optar pela guarda exclusiva. Mas eles recorreram ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Para os desembargadores, o pedido de guarda compartilhada é possível, porém inadequado porque a família substituta deve ser formada a partir do referencial “casal” – marido e mulher ou o que se assemelhe.
No STJ, essa posição foi modificada. O relator, ministro Aldir Passarinho Junior, entendeu ser viável o pedido da avó e do tio, já que na verdade eles pretendem tão somente consolidar legalmente um fato que já existe. O ministro também destacou outros dois pontos de grande peso nessa situação: “A própria criança expressou o seu desejo de permanecer com os recorrentes, bem como os seus genitores concordam com a guarda pretendida, havendo reconhecimento de que a menor recebe bons cuidados”.
Em seu voto, o relator não vislumbrou motivos para prevalecer o entendimento do TJSP, de ser possível um desentendimento futuro entre a avó e o tio solteiro, uma vez que até mesmo marido e mulher são suscetíveis a desavenças. Por unanimidade, os ministros da Quarta Turma concordaram com o relator, concedendo a guarda compartilhada da menor à avó e ao tio paternos.
Extraído do site www.editoramagister.com
Decisão pioneira da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permite que a avó e o tio paternos de uma menor tenham a guarda compartilhada da adolescente, que convive com eles há doze anos, desde os quatro meses de vida.
Segundo informações da avó e do tio, o pai da menor está preso e a mãe dela trabalha em várias cidades, não sendo possível saber quando vai (ou se vai) visitar a filha. Os parentes recorreram à Justiça, pedindo a guarda compartilhada para regularizar uma situação de fato, para o bem-estar e o benefício da menor e para poder incluí-la como dependente.
A primeira instância julgou extinta a ação de guarda conjunta, dando chance à avó ou ao tio de optar pela guarda exclusiva. Mas eles recorreram ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Para os desembargadores, o pedido de guarda compartilhada é possível, porém inadequado porque a família substituta deve ser formada a partir do referencial “casal” – marido e mulher ou o que se assemelhe.
No STJ, essa posição foi modificada. O relator, ministro Aldir Passarinho Junior, entendeu ser viável o pedido da avó e do tio, já que na verdade eles pretendem tão somente consolidar legalmente um fato que já existe. O ministro também destacou outros dois pontos de grande peso nessa situação: “A própria criança expressou o seu desejo de permanecer com os recorrentes, bem como os seus genitores concordam com a guarda pretendida, havendo reconhecimento de que a menor recebe bons cuidados”.
Em seu voto, o relator não vislumbrou motivos para prevalecer o entendimento do TJSP, de ser possível um desentendimento futuro entre a avó e o tio solteiro, uma vez que até mesmo marido e mulher são suscetíveis a desavenças. Por unanimidade, os ministros da Quarta Turma concordaram com o relator, concedendo a guarda compartilhada da menor à avó e ao tio paternos.
Extraído do site www.editoramagister.com
segunda-feira, 10 de maio de 2010
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS DE LA JUVENTUD Y LA FAMILIA- Hammamet, Tunísia abril 2010
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS
DE LA JUVENTUD Y LA FAMILIA
INFORME DEL COMITÉ ENCARGADO DE PROPONER
LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA DESTINADOS
DE JUECES Y MAGISTRADOS DE LA JUVENTUD Y LA FAMILIA
17 DE MARZO DE 2010
* * * *
EN EL MARCO DE LA REUNIÓN LLEVADA CABO EL 24 DE ABRIL DE 2010 EN HAMMAMET, TÚNEZ, LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS DE LA JUVENTUD Y LA FAMILIA, POR UNANIMIDAD APROBÓ EL INFORME PRESENTADO Y ADOPTÓ LA PROPUESTA DE LOS SIGUIENTES “PRINCIPIOS DE DEONTOLOGÍA DESTINADOS A LOS JUECES Y MAGISTRADOS DE LA JUVENTUD Y LA FAMILIA”.
Informe del comité encargado de proponer los principios de ética destinados de jueces y magistrados de la juventud y la familia – AIMJF – 17 de marzo de 2010
2
El Consejo de la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y la Familia ha confiado a un comité el mandato de preparar una propuesta de principios de ética
judicial que podrían constituir una fuente de inspiración para sus miembros y para
otros jueces y magistrados que intervienen en materia de juventud y familia. El comité ha estado formado por las siguientes personas:
Muhammad Imman ALI (Bangladesh)
Lucien BEAULIEU (Canadá)
Andrew BECROFT (Nueva Zelandia)
Nick CRICHTON (Reino Unido)
Luigi FADIGA (Italia)
María FONTEMACHI (Argentina)
Bankole THOMPSON (Sierra Leona)
Jean TRÉPANIER (Canadá, presidente)
Como los miembros del Comité eran de distintos continentes y no existía presupuesto disponible para financiar sesiones de trabajo, las comunicaciones entre ellos se hicieron por medio de correo electrónico. Esta vía tiene limitaciones cuando se requieren intercambios y discusiones. Por eso el Comité fue apoyado por un grupo de trabajo local con base en Montreal (Canadá), cuyos miembros pudieron encontrarse y realizar intercambios directamente en persona, para desbrozar el terreno y preparar propuestas que fueron sometidas al comité. Este grupo de trabajo local estuvo constituido por las siguientes personas:
Oscar D’AMOURS (vice-presidente de la AIMJF)
Pierre NOREAU (profesor de derecho de la Universidad de Montreal y especialista en cuestiones de ética judicial)
Huguette ST-LOUIS (juez retirado, ex juez presidente de la Corte de Quebec)
Jean TRÉPANIER (presidente).
El grupo de trabajo local preparó un primer proyecto, que fue sometido al examen de
los miembros del Comité. Siguió una serie de intercambios entre los miembros del
Comité y el grupo de trabajo local, hasta que pudo ser establecida una versión final. El presente informe expone la propuesta del comité. Es el resultado de intercambios y
discusiones que permitieron clarificar muchas cuestiones algunas de las cuales eran
muy complejas. El espíritu de colaboración que rigió los trabajos del comité, no
significó que pudiera llegarse a unanimidad en todos los temas. Es normal que jueces
y magistrados provenientes de medios tan diversos e inspirados en distintas tradiciones culturales y jurídicas sean movidos a abordar los principios de ética
judicial desde diferentes puntos de vista. La intención perseguida fue precisamente
tener un comité cuya composición reflejara la diversidad que existe en el seno de la
AIMJF, para preparar una propuesta que pueda ser ampliamente aceptada por los
miembros de la Asociación. Los miembros del comité han buscado concebir principios que sean claros y tengan sentido mediante su adaptación a los diversos países.
El informe comprende dos partes. Los principios de ética judicial propuestos son
enunciados en la primera parte. La segunda parte comprende las observaciones y las
explicaciones que aclaran los mismos principios.
Informe del comité encargado de proponer los principios de ética destinados de jueces y magistrados de la juventud y la familia – AIMJF – 17 de marzo de 2010
3
PROPUESTA DE PRINCIPIOS DE DEONTOLOGÍA DESTINADOS A JUECES Y MAGISTRADOS 1 DE LA JUVENTUD Y LA FAMILIA TENIENDO EN CUENTA QUE los Principios de Bangalore sobre la deontología judicial 2 tienen validez universal y que han sido concebidos, adoptados y apoyados de manera tal que les confiere una única legitimación internacional3.
TENIENDO EN CUENTA QUE esos Principios de Bangalore comprenden al
conjunto de los jueces y magistrados, incluyendo los que actúan en el campo de la
infancia, de la juventud y de la familia.
TENIENDO EN CUENTA QUE la práctica judicial en materia de juventud y de familia tiene dimensiones y acentos propios, como surge especialmente de la Convención sobre los Derechos del Niño.
TENIENDO EN CUENTA QUE es necesario reafirmar los valores expresados en los Principios de Bangalore situándolos en el contexto particular del ejercicio de la
función judicial en materia de niñez, juventud y familia.
SE PROPONE adoptar los siguientes principios:
1. El rol del juez es hacer justicia en el marco del Derecho, incluyendo las convenciones y las declaraciones y reglas internacionales relativas a los niños, los
adolescentes4 y la familia.
2. El juez debe obrar de manera que preserve su independencia personal y la independencia de la magistratura.
3. El juez debe ser imparcial de modo manifiesto, lo que no debe ser interpretado
como limitando su obligación estatutaria o legal de tener en cuenta el interés superior del niño o del adolescente, o en caso de conflicto, de armonizar el interés
de este último con los de la sociedad y de las víctimas.
4. El juez, en el ejercicio de su cargo, debe obrar con integridad.
5. El juez debe asegurarse que el modo de proceder permite que sean entendidos los
puntos de vista de todas las personas involucradas en los procesos, incluyendo al
niño o al adolescente, su familia y en caso de conflicto, al defensor y a la víctima.
1 En el presente texto, el término « juez » se entiende designando a jueces y magistrados.
2 Los principios de Bangalore sobre la deontología judicial, 2002 (Proyecto de Bangalore 2001 sobre un código de deontología judicial, adoptado por el Grupo judicial para el fortalecimiento de la integridad de la justicia y revisado en la mesa redonda de presidentes organizada en el Palacio de la Paz de La Haya los días 25 y 26 de noviembre de 2002).
3 Ver en esta materia The Judicial Integrity Group, Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct, marzo 2007.
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/BangalorePrinciplesComment.PDF.
4 En estos Principios, la expresión « niños y adolescentes » o sus equivalentes, remite a la misma noción que « niño » en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Informe del comité encargado de proponer los principios de ética destinados
de jueces y magistrados de la juventud y la familia – AIMJF – 17 de marzo de 2010
4
6. El juez debe explicar claramente los motivos de sus decisiones y hacerlas
comprender al niño o al adolescente y a los adultos a cargo de ellos.
7. El juez debe dar prueba de sensibilidad y comunicarse con el niño o adolescente y
las otras personas implicadas de un modo adaptado a su nivel de comprensión.
8. El juez debe respetar el carácter confidencial de las informaciones recogidas en el ejercicio de sus funciones y cuyo conocimiento o utilización por terceros podrian
agraviar la privacidad del niño o el adolescente, de su familia o de otras personas
involucradas en la instancia judicial.
9. En el tribunal y en público, el juez debe tener un comportamiento acorde a las
exigencias de su cargo y dar prueba de reserva en todo tiempo.
10. El juez debe asegurar la igualdad y el respeto a todos ante los tribunales, teniendo en cuenta las características propias de cada persona, sobre todo por su edad, su género, su condición social y toda otra circunstancia pertinente.
11. El juez debe mantener permanentemente su idoneidad profesional tanto en el
plano jurídico como en las otras disciplinas pertinentes al ejercicio de su función.
12. El juez debe obrar con celeridad y diligencia adaptadas a la relación de los niños y adolescentes con el tiempo.
retirado do site minoriefamiglia.it
DE LA JUVENTUD Y LA FAMILIA
INFORME DEL COMITÉ ENCARGADO DE PROPONER
LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA DESTINADOS
DE JUECES Y MAGISTRADOS DE LA JUVENTUD Y LA FAMILIA
17 DE MARZO DE 2010
* * * *
EN EL MARCO DE LA REUNIÓN LLEVADA CABO EL 24 DE ABRIL DE 2010 EN HAMMAMET, TÚNEZ, LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS DE LA JUVENTUD Y LA FAMILIA, POR UNANIMIDAD APROBÓ EL INFORME PRESENTADO Y ADOPTÓ LA PROPUESTA DE LOS SIGUIENTES “PRINCIPIOS DE DEONTOLOGÍA DESTINADOS A LOS JUECES Y MAGISTRADOS DE LA JUVENTUD Y LA FAMILIA”.
Informe del comité encargado de proponer los principios de ética destinados de jueces y magistrados de la juventud y la familia – AIMJF – 17 de marzo de 2010
2
El Consejo de la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y la Familia ha confiado a un comité el mandato de preparar una propuesta de principios de ética
judicial que podrían constituir una fuente de inspiración para sus miembros y para
otros jueces y magistrados que intervienen en materia de juventud y familia. El comité ha estado formado por las siguientes personas:
Muhammad Imman ALI (Bangladesh)
Lucien BEAULIEU (Canadá)
Andrew BECROFT (Nueva Zelandia)
Nick CRICHTON (Reino Unido)
Luigi FADIGA (Italia)
María FONTEMACHI (Argentina)
Bankole THOMPSON (Sierra Leona)
Jean TRÉPANIER (Canadá, presidente)
Como los miembros del Comité eran de distintos continentes y no existía presupuesto disponible para financiar sesiones de trabajo, las comunicaciones entre ellos se hicieron por medio de correo electrónico. Esta vía tiene limitaciones cuando se requieren intercambios y discusiones. Por eso el Comité fue apoyado por un grupo de trabajo local con base en Montreal (Canadá), cuyos miembros pudieron encontrarse y realizar intercambios directamente en persona, para desbrozar el terreno y preparar propuestas que fueron sometidas al comité. Este grupo de trabajo local estuvo constituido por las siguientes personas:
Oscar D’AMOURS (vice-presidente de la AIMJF)
Pierre NOREAU (profesor de derecho de la Universidad de Montreal y especialista en cuestiones de ética judicial)
Huguette ST-LOUIS (juez retirado, ex juez presidente de la Corte de Quebec)
Jean TRÉPANIER (presidente).
El grupo de trabajo local preparó un primer proyecto, que fue sometido al examen de
los miembros del Comité. Siguió una serie de intercambios entre los miembros del
Comité y el grupo de trabajo local, hasta que pudo ser establecida una versión final. El presente informe expone la propuesta del comité. Es el resultado de intercambios y
discusiones que permitieron clarificar muchas cuestiones algunas de las cuales eran
muy complejas. El espíritu de colaboración que rigió los trabajos del comité, no
significó que pudiera llegarse a unanimidad en todos los temas. Es normal que jueces
y magistrados provenientes de medios tan diversos e inspirados en distintas tradiciones culturales y jurídicas sean movidos a abordar los principios de ética
judicial desde diferentes puntos de vista. La intención perseguida fue precisamente
tener un comité cuya composición reflejara la diversidad que existe en el seno de la
AIMJF, para preparar una propuesta que pueda ser ampliamente aceptada por los
miembros de la Asociación. Los miembros del comité han buscado concebir principios que sean claros y tengan sentido mediante su adaptación a los diversos países.
El informe comprende dos partes. Los principios de ética judicial propuestos son
enunciados en la primera parte. La segunda parte comprende las observaciones y las
explicaciones que aclaran los mismos principios.
Informe del comité encargado de proponer los principios de ética destinados de jueces y magistrados de la juventud y la familia – AIMJF – 17 de marzo de 2010
3
PROPUESTA DE PRINCIPIOS DE DEONTOLOGÍA DESTINADOS A JUECES Y MAGISTRADOS 1 DE LA JUVENTUD Y LA FAMILIA TENIENDO EN CUENTA QUE los Principios de Bangalore sobre la deontología judicial 2 tienen validez universal y que han sido concebidos, adoptados y apoyados de manera tal que les confiere una única legitimación internacional3.
TENIENDO EN CUENTA QUE esos Principios de Bangalore comprenden al
conjunto de los jueces y magistrados, incluyendo los que actúan en el campo de la
infancia, de la juventud y de la familia.
TENIENDO EN CUENTA QUE la práctica judicial en materia de juventud y de familia tiene dimensiones y acentos propios, como surge especialmente de la Convención sobre los Derechos del Niño.
TENIENDO EN CUENTA QUE es necesario reafirmar los valores expresados en los Principios de Bangalore situándolos en el contexto particular del ejercicio de la
función judicial en materia de niñez, juventud y familia.
SE PROPONE adoptar los siguientes principios:
1. El rol del juez es hacer justicia en el marco del Derecho, incluyendo las convenciones y las declaraciones y reglas internacionales relativas a los niños, los
adolescentes4 y la familia.
2. El juez debe obrar de manera que preserve su independencia personal y la independencia de la magistratura.
3. El juez debe ser imparcial de modo manifiesto, lo que no debe ser interpretado
como limitando su obligación estatutaria o legal de tener en cuenta el interés superior del niño o del adolescente, o en caso de conflicto, de armonizar el interés
de este último con los de la sociedad y de las víctimas.
4. El juez, en el ejercicio de su cargo, debe obrar con integridad.
5. El juez debe asegurarse que el modo de proceder permite que sean entendidos los
puntos de vista de todas las personas involucradas en los procesos, incluyendo al
niño o al adolescente, su familia y en caso de conflicto, al defensor y a la víctima.
1 En el presente texto, el término « juez » se entiende designando a jueces y magistrados.
2 Los principios de Bangalore sobre la deontología judicial, 2002 (Proyecto de Bangalore 2001 sobre un código de deontología judicial, adoptado por el Grupo judicial para el fortalecimiento de la integridad de la justicia y revisado en la mesa redonda de presidentes organizada en el Palacio de la Paz de La Haya los días 25 y 26 de noviembre de 2002).
3 Ver en esta materia The Judicial Integrity Group, Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct, marzo 2007.
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/BangalorePrinciplesComment.PDF.
4 En estos Principios, la expresión « niños y adolescentes » o sus equivalentes, remite a la misma noción que « niño » en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Informe del comité encargado de proponer los principios de ética destinados
de jueces y magistrados de la juventud y la familia – AIMJF – 17 de marzo de 2010
4
6. El juez debe explicar claramente los motivos de sus decisiones y hacerlas
comprender al niño o al adolescente y a los adultos a cargo de ellos.
7. El juez debe dar prueba de sensibilidad y comunicarse con el niño o adolescente y
las otras personas implicadas de un modo adaptado a su nivel de comprensión.
8. El juez debe respetar el carácter confidencial de las informaciones recogidas en el ejercicio de sus funciones y cuyo conocimiento o utilización por terceros podrian
agraviar la privacidad del niño o el adolescente, de su familia o de otras personas
involucradas en la instancia judicial.
9. En el tribunal y en público, el juez debe tener un comportamiento acorde a las
exigencias de su cargo y dar prueba de reserva en todo tiempo.
10. El juez debe asegurar la igualdad y el respeto a todos ante los tribunales, teniendo en cuenta las características propias de cada persona, sobre todo por su edad, su género, su condición social y toda otra circunstancia pertinente.
11. El juez debe mantener permanentemente su idoneidad profesional tanto en el
plano jurídico como en las otras disciplinas pertinentes al ejercicio de su función.
12. El juez debe obrar con celeridad y diligencia adaptadas a la relación de los niños y adolescentes con el tiempo.
retirado do site minoriefamiglia.it
STJ reconhece o FGTS como uma garantia para trabalhadores e familiares
O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é direito de todo trabalhador e só pode ser retirado em algumas situações. Ele serve para garantir renda ao trabalhador em caso de demissão e também pode ser usado para financiar a compra da casa própria ou mesmo para ajudar na hora de catástrofes, como as ocorridas recentemente no Rio de Janeiro e em São Paulo, devido às enchentes provocadas pelas chuvas.
Em geral, os valores recebidos a título de FGTS pelo trabalhador não podem ser penhorados, com uma única exceção: quando a penhora se destina à quitação de pensão alimentícia. Esse é o entendimento que vem sendo consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Entendimento extensível ao Programa de Integração Social (PIS), contribuição social de natureza tributária devida pelas pessoas jurídicas, com o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono para os trabalhadores que ganham até dois salários-mínimos.
Essa possibilidade foi muito bem fundamentada pela ministra Eliana Calmon, da Segunda Turma do STJ, durante o julgamento de um recurso em mandado de segurança apresentado pela Caixa Econômica Federal. Para ela, “a impenhorabilidade das contas vinculadas do FGTS e do PIS frente à execução de alimentos deve ser mitigada pela colisão de princípios, resolvendo-se o conflito para prestigiar os alimentos, bem de status constitucional, que autoriza, inclusive, a prisão civil do devedor”. A ministra entende que o princípio da proporcionalidade autoriza que recaia a penhora sobre os créditos do FGTS e PIS.
A ministra destaca que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a dívida com alimentos e a controvertida hipótese da prisão do depositário infiel como as únicas formas de prisão civil por dívida. Isso demonstra, a seu ver, que os alimentos são bens especiais para nossa Carta Magna e “devem ser satisfeitos sem restrições de ordem infraconstitucional”. E continua: “Some-se a isso que a medida se mostra menos drástica do ponto de vista da proporcionalidade, pois a um só tempo se evita a prisão do devedor e se satisfaz, ainda que momentaneamente, a prestação dos alimentos, perpetuando a sobrevivência dos dependentes do trabalhador, devedor dos alimentos aos dependentes necessitados”.
Além do mais, acrescenta Eliana Calmon, o STJ vem minorando os rigores do rol de hipóteses que autorizam o levantamento dos saldos das contas vinculadas do FGTS e do PIS, para considerar que a enumeração constante nas leis que tratam tanto de um quanto de outro não é taxativa, o que autoriza a interpretação extensiva, baseada no fim social da norma e nas exigências do bem comum, para abrigar também restrições à impenhorabilidade legal das contas vinculadas do FGTS e do PIS para solver dívidas de alimentos.
O Tribunal já vem permitindo o levantamento nos casos em que a casa do trabalhador participante do fundo foi atingida por vendaval e encontra-se sob risco de desabamento, nos casos de pessoas com idade avançada em situação de miserabilidade ou para tratamento de pessoas portadoras de moléstia grave, por exemplo.
Sob uma outra ótica
Ainda que julgando sob a ótica do direito de família, e não sob aspectos processuais civis e administrativos, como no caso da Segunda Turma, as Turmas que apreciam direito privado também têm chegado à mesma conclusão. Em 2002, o ministro Carlos Alberto Menezes Direito, integrante da Terceira Turma, já reconhecia a possibilidade de o magistrado, em caso de necessidade, diante de circunstâncias concretas, determinar o bloqueio da conta relativa ao FGTS para garantir o pagamento da pensão devida. Igual pensamento foi manifestado pelo ministro Fernando Gonçalves durante o julgamento de outro recurso na Quarta Turma, no ano seguinte.
Apenas mais recentemente essa orientação avançou para a aceitação da penhora sobre esses valores. O desembargador convocado Vasco Della Giustina, da Terceira Turma, destacou que, nesses casos de execução de alimentos, “há mitigação do rol taxativo previsto no artigo 20 da Lei n. 8.036/90, dada a incidência dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana”, baseando-se no entendimento das turmas da Primeira Seção. Aliou essa corrente à pacífica vertente das Turmas da Segunda Seção, de direito privado, de se admitir o bloqueio da conta relativa ao FGTS para a garantia do pagamento da obrigação.
A ministra Nancy Andrighi, também da Terceira Turma, chegou a conclusão semelhante durante o julgamento de um recurso da Caixa. Ela concluiu que a determinação judicial de levantamento de valores mantidos em conta vinculada do FGTS para fins de pagamento de débito alimentar em execução de alimentos não se configura como ato coator apto a ferir direito líquido e certo da recorrente. Isso porque, embora legítima como terceira interessada para defender a manutenção e controle das contas vinculadas do FGTS, responsável pelo fiel cumprimento e observância dos critérios estabelecidos na Lei 8.036/90, não se verifica, de acordo com a interpretação conferida pela jurisprudência dominante deste Tribunal, qualquer ilegalidade na decisão, contra a qual a CEF impetrou o mandado de segurança.
O entendimento foi definitivamente consolidado pelo ministro Massami Uyeda. Ele assinala que o FGTS foi concebido como substituição da então estabilidade por um benefício financeiro (inicialmente, concebido como alternativa), tendo a finalidade de proteger o trabalhador da demissão sem justa causa e na aposentadoria, bem como os dependentes do titular falecido, mediante a formação de uma conta vinculada ao contrato de trabalho e um fundo mantido pelo governo federal.
Explica o ministro que a Lei n. 8.036/90 permite o seu levantamento nos casos de dispensa sem justa causa e de extinção do contrato de trabalho por tempo determinado – casos em que o benefício assume o viés indenizatório (já que visa, em última análise, propiciar ao empregado uma compensação) –, bem como nas hipóteses de aposentadoria, falecimento, doença grave, construção da sua moradia, entre outras, casos em que o benefício assume o viés de contribuição institucional de natureza trabalhista e social. Dessa forma, continua Massami Uyeda, é claro que, da análise das hipóteses previstas no artigo 20 da Lei n. 8.036/90, é possível avaliar seu caráter exemplificativo, “na medida em que não se afigura razoável compreender que o rol legal abarque todas as situações fáticas, com a mesma razão de ser, qual seja, a proteção do trabalhador e de seus dependentes em determinadas e urgentes circunstâncias da vida que demandem maior apoio financeiro”.
Para o ministro, deve-se ter em mente, nesse caso, a prevalência do princípio basilar do Estado Democrático de Direito, qual seja, o da dignidade da pessoa humana, assim como o ideal que ensejou a criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Programa de Integração Social. Da mesma forma que a ministra Eliana Calmon, ele reconhece a possibilidade da penhora, pois a prestação dos alimentos, por envolver a própria subsistência dos dependentes do trabalhador, deve ser necessariamente atendida, ainda que, para tanto, proceda-se ao levantamento do FGTS do trabalhador.
Processos pertinentes: REsp 334090 ; RMS 26540 ; REsp 337660; Ag 1034295 ; RMS 2835; REsp1083061
retirado do site do STJ
Em geral, os valores recebidos a título de FGTS pelo trabalhador não podem ser penhorados, com uma única exceção: quando a penhora se destina à quitação de pensão alimentícia. Esse é o entendimento que vem sendo consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Entendimento extensível ao Programa de Integração Social (PIS), contribuição social de natureza tributária devida pelas pessoas jurídicas, com o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono para os trabalhadores que ganham até dois salários-mínimos.
Essa possibilidade foi muito bem fundamentada pela ministra Eliana Calmon, da Segunda Turma do STJ, durante o julgamento de um recurso em mandado de segurança apresentado pela Caixa Econômica Federal. Para ela, “a impenhorabilidade das contas vinculadas do FGTS e do PIS frente à execução de alimentos deve ser mitigada pela colisão de princípios, resolvendo-se o conflito para prestigiar os alimentos, bem de status constitucional, que autoriza, inclusive, a prisão civil do devedor”. A ministra entende que o princípio da proporcionalidade autoriza que recaia a penhora sobre os créditos do FGTS e PIS.
A ministra destaca que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a dívida com alimentos e a controvertida hipótese da prisão do depositário infiel como as únicas formas de prisão civil por dívida. Isso demonstra, a seu ver, que os alimentos são bens especiais para nossa Carta Magna e “devem ser satisfeitos sem restrições de ordem infraconstitucional”. E continua: “Some-se a isso que a medida se mostra menos drástica do ponto de vista da proporcionalidade, pois a um só tempo se evita a prisão do devedor e se satisfaz, ainda que momentaneamente, a prestação dos alimentos, perpetuando a sobrevivência dos dependentes do trabalhador, devedor dos alimentos aos dependentes necessitados”.
Além do mais, acrescenta Eliana Calmon, o STJ vem minorando os rigores do rol de hipóteses que autorizam o levantamento dos saldos das contas vinculadas do FGTS e do PIS, para considerar que a enumeração constante nas leis que tratam tanto de um quanto de outro não é taxativa, o que autoriza a interpretação extensiva, baseada no fim social da norma e nas exigências do bem comum, para abrigar também restrições à impenhorabilidade legal das contas vinculadas do FGTS e do PIS para solver dívidas de alimentos.
O Tribunal já vem permitindo o levantamento nos casos em que a casa do trabalhador participante do fundo foi atingida por vendaval e encontra-se sob risco de desabamento, nos casos de pessoas com idade avançada em situação de miserabilidade ou para tratamento de pessoas portadoras de moléstia grave, por exemplo.
Sob uma outra ótica
Ainda que julgando sob a ótica do direito de família, e não sob aspectos processuais civis e administrativos, como no caso da Segunda Turma, as Turmas que apreciam direito privado também têm chegado à mesma conclusão. Em 2002, o ministro Carlos Alberto Menezes Direito, integrante da Terceira Turma, já reconhecia a possibilidade de o magistrado, em caso de necessidade, diante de circunstâncias concretas, determinar o bloqueio da conta relativa ao FGTS para garantir o pagamento da pensão devida. Igual pensamento foi manifestado pelo ministro Fernando Gonçalves durante o julgamento de outro recurso na Quarta Turma, no ano seguinte.
Apenas mais recentemente essa orientação avançou para a aceitação da penhora sobre esses valores. O desembargador convocado Vasco Della Giustina, da Terceira Turma, destacou que, nesses casos de execução de alimentos, “há mitigação do rol taxativo previsto no artigo 20 da Lei n. 8.036/90, dada a incidência dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana”, baseando-se no entendimento das turmas da Primeira Seção. Aliou essa corrente à pacífica vertente das Turmas da Segunda Seção, de direito privado, de se admitir o bloqueio da conta relativa ao FGTS para a garantia do pagamento da obrigação.
A ministra Nancy Andrighi, também da Terceira Turma, chegou a conclusão semelhante durante o julgamento de um recurso da Caixa. Ela concluiu que a determinação judicial de levantamento de valores mantidos em conta vinculada do FGTS para fins de pagamento de débito alimentar em execução de alimentos não se configura como ato coator apto a ferir direito líquido e certo da recorrente. Isso porque, embora legítima como terceira interessada para defender a manutenção e controle das contas vinculadas do FGTS, responsável pelo fiel cumprimento e observância dos critérios estabelecidos na Lei 8.036/90, não se verifica, de acordo com a interpretação conferida pela jurisprudência dominante deste Tribunal, qualquer ilegalidade na decisão, contra a qual a CEF impetrou o mandado de segurança.
O entendimento foi definitivamente consolidado pelo ministro Massami Uyeda. Ele assinala que o FGTS foi concebido como substituição da então estabilidade por um benefício financeiro (inicialmente, concebido como alternativa), tendo a finalidade de proteger o trabalhador da demissão sem justa causa e na aposentadoria, bem como os dependentes do titular falecido, mediante a formação de uma conta vinculada ao contrato de trabalho e um fundo mantido pelo governo federal.
Explica o ministro que a Lei n. 8.036/90 permite o seu levantamento nos casos de dispensa sem justa causa e de extinção do contrato de trabalho por tempo determinado – casos em que o benefício assume o viés indenizatório (já que visa, em última análise, propiciar ao empregado uma compensação) –, bem como nas hipóteses de aposentadoria, falecimento, doença grave, construção da sua moradia, entre outras, casos em que o benefício assume o viés de contribuição institucional de natureza trabalhista e social. Dessa forma, continua Massami Uyeda, é claro que, da análise das hipóteses previstas no artigo 20 da Lei n. 8.036/90, é possível avaliar seu caráter exemplificativo, “na medida em que não se afigura razoável compreender que o rol legal abarque todas as situações fáticas, com a mesma razão de ser, qual seja, a proteção do trabalhador e de seus dependentes em determinadas e urgentes circunstâncias da vida que demandem maior apoio financeiro”.
Para o ministro, deve-se ter em mente, nesse caso, a prevalência do princípio basilar do Estado Democrático de Direito, qual seja, o da dignidade da pessoa humana, assim como o ideal que ensejou a criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Programa de Integração Social. Da mesma forma que a ministra Eliana Calmon, ele reconhece a possibilidade da penhora, pois a prestação dos alimentos, por envolver a própria subsistência dos dependentes do trabalhador, deve ser necessariamente atendida, ainda que, para tanto, proceda-se ao levantamento do FGTS do trabalhador.
Processos pertinentes: REsp 334090 ; RMS 26540 ; REsp 337660; Ag 1034295 ; RMS 2835; REsp1083061
retirado do site do STJ
sábado, 8 de maio de 2010
Parceiros do mesmo sexo terão direito a plano de saúde comum
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou Súmula Normativa (Nº 12), em 4 de maio de 2010, para que os seguros de saúde e planos de saúde compreendam por companheiro de beneficiário do titular de plano privado de assistência à saúde pessoa do sexo oposto ou do mesmo sexo.
A ANS levou em consideração os princípios Constitucionais da igualdade , o da proibição de discriminações odiosas, o da dignidade da pessoa humana, o da liberdade e o da proteção da segurança jurídica.
A Súmula deixa claro que define como grupo familiar a união estável entre pessoas do mesmo sexo.
Em regra, para comprovação da união, os planos exigem o contrato civil de união estável registrado em cartório. Daí, entendemos que as Corregedorias de Justiça de todo o país deverão apresentar normas semelhantes a editada em Pernambuco para que os cartórios realizem tais escrituras, embora a maioria já o faça.
Abaixo o inteiro teor da Súmula Normativa.
Diário Oficial REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Imprensa Nacional BRASÍLIA – DF.Nº 84 – DOU de 05/05/10 – seção 1 - p.39
MINISTÉRIO DA SAÚDE AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR DIRETORIA COLEGIADA
SÚMULA NORMATIVA Nº 12, DE 4 DE MAIO DE 2010
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso das competências que lhe conferem os artigos 3° e 4°, incisos II, XXIV e XXVIII, combinado com o artigo 10, inciso II, da Lei n° 9.961,
de 28 de janeiro de 2000, e em conformidade com o inciso III, do artigo 6° do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa - RN nº 197, de julho de 2010.
Considerando os princípios dispostos no texto da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, especialmente o da igualdade (art. 5º, caput), o da proibição de discriminações odiosas (art. 3º, inciso IV), o da dignidade da pessoa humana (art. 1°, inciso III), o da liberdade (art. 5º, caput) e o da proteção da segurança jurídica;
Considerando o disposto no inciso II, do artigo 4° da Lei n° 9.961, de 28 de janeiro de 2000; e
Considerando as definições de grupo familiar previstas no artigo 5º, §1º, inciso VII, e no artigo 9°, §1°, da RN n° 195, de 14 de julho de 2009: Resolve:
Adotar o seguinte entendimento vinculativo:
1 - Para fins de aplicação à legislação de saúde suplementar, entende-se por companheiro de beneficiário titular de plano privado de assistência à saúde pessoa do sexo oposto ou do mesmo sexo.
MAURICIO CESCHIN
Diretor-Presidente
A ANS levou em consideração os princípios Constitucionais da igualdade , o da proibição de discriminações odiosas, o da dignidade da pessoa humana, o da liberdade e o da proteção da segurança jurídica.
A Súmula deixa claro que define como grupo familiar a união estável entre pessoas do mesmo sexo.
Em regra, para comprovação da união, os planos exigem o contrato civil de união estável registrado em cartório. Daí, entendemos que as Corregedorias de Justiça de todo o país deverão apresentar normas semelhantes a editada em Pernambuco para que os cartórios realizem tais escrituras, embora a maioria já o faça.
Abaixo o inteiro teor da Súmula Normativa.
Diário Oficial REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Imprensa Nacional BRASÍLIA – DF.Nº 84 – DOU de 05/05/10 – seção 1 - p.39
MINISTÉRIO DA SAÚDE AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR DIRETORIA COLEGIADA
SÚMULA NORMATIVA Nº 12, DE 4 DE MAIO DE 2010
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso das competências que lhe conferem os artigos 3° e 4°, incisos II, XXIV e XXVIII, combinado com o artigo 10, inciso II, da Lei n° 9.961,
de 28 de janeiro de 2000, e em conformidade com o inciso III, do artigo 6° do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa - RN nº 197, de julho de 2010.
Considerando os princípios dispostos no texto da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, especialmente o da igualdade (art. 5º, caput), o da proibição de discriminações odiosas (art. 3º, inciso IV), o da dignidade da pessoa humana (art. 1°, inciso III), o da liberdade (art. 5º, caput) e o da proteção da segurança jurídica;
Considerando o disposto no inciso II, do artigo 4° da Lei n° 9.961, de 28 de janeiro de 2000; e
Considerando as definições de grupo familiar previstas no artigo 5º, §1º, inciso VII, e no artigo 9°, §1°, da RN n° 195, de 14 de julho de 2009: Resolve:
Adotar o seguinte entendimento vinculativo:
1 - Para fins de aplicação à legislação de saúde suplementar, entende-se por companheiro de beneficiário titular de plano privado de assistência à saúde pessoa do sexo oposto ou do mesmo sexo.
MAURICIO CESCHIN
Diretor-Presidente
sexta-feira, 7 de maio de 2010
Corregedor Geral de Justiça apresenta provimento sobre união estável entre homossexuais em Pernambuco
O corregedor geral de Justiça, desembargador Bartolomeu Bueno, editou ontem (6), Provimento dirigido aos cartórios da Capital e Interior do Estado que, de agora em diante, deverão realizar escritura pública de união estável entre pessoas do mesmo sexo. O corregedor evocou, para tanto, “ os princípios constitucionais de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”.
Para tanto, ele alterou o Código de Normas dos Serviços Notariais e de registro, incluindo um parágrafo único no artigo 175. Não houve, assim, necessidade de aprovação do Conselho da Magistratura que, no entanto, na sua reunião de hoje tomou conhecimento do Provimento.
O desembargador Bartolomeu Bueno alicerçou sua decisão, também, no objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, que é o “promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, como fundamento da dignidade humana”.
O Provimento foi editado apenas uma semana depois que o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB federal, Jayme Asfora, pediu ao corregedor providências contra a maioria dos cartórios, que se negavam a fazer o registro. O corregedor ouviu também representantes do Círculo Católico e outras organizações contrárias à confecção e registro da escritura. Mas, disse o corregedor no seu Provimento, “é plena a liberdade de associação para fins lícitos, cabendo ao Estado e à lei favorecerem o seu reconhecimento, inclusive com registro na repartição competente”.
Diz, ainda o Provimento, que “é pública e notória, contemporaneamente, a convivência familiar, afetiva, contínua e duradoura entre pessoas do mesmo sexo, com características de entidade familiar, inclusive para fins de assistência mútua e previdenciária, não podendo o Poder Público e o Direito, em confronto com a realidade, ignorá-la ou considerá-la inexistente”. A partir daí resolveu ele que: “As pessoas plenamente capazes, independente de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, que convivam afetivamente ou mantenham sociedade de fato, de forma contínua, pública e duradoura, com ou sem compromisso patrimonial, poderão registrar contratos e documentos que digam respeito à referida relação jurídica ou que visem constituí-la na forma anteriormente prevista”.
Extraído do site www.editoramagister.com
Para tanto, ele alterou o Código de Normas dos Serviços Notariais e de registro, incluindo um parágrafo único no artigo 175. Não houve, assim, necessidade de aprovação do Conselho da Magistratura que, no entanto, na sua reunião de hoje tomou conhecimento do Provimento.
O desembargador Bartolomeu Bueno alicerçou sua decisão, também, no objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, que é o “promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, como fundamento da dignidade humana”.
O Provimento foi editado apenas uma semana depois que o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB federal, Jayme Asfora, pediu ao corregedor providências contra a maioria dos cartórios, que se negavam a fazer o registro. O corregedor ouviu também representantes do Círculo Católico e outras organizações contrárias à confecção e registro da escritura. Mas, disse o corregedor no seu Provimento, “é plena a liberdade de associação para fins lícitos, cabendo ao Estado e à lei favorecerem o seu reconhecimento, inclusive com registro na repartição competente”.
Diz, ainda o Provimento, que “é pública e notória, contemporaneamente, a convivência familiar, afetiva, contínua e duradoura entre pessoas do mesmo sexo, com características de entidade familiar, inclusive para fins de assistência mútua e previdenciária, não podendo o Poder Público e o Direito, em confronto com a realidade, ignorá-la ou considerá-la inexistente”. A partir daí resolveu ele que: “As pessoas plenamente capazes, independente de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, que convivam afetivamente ou mantenham sociedade de fato, de forma contínua, pública e duradoura, com ou sem compromisso patrimonial, poderão registrar contratos e documentos que digam respeito à referida relação jurídica ou que visem constituí-la na forma anteriormente prevista”.
Extraído do site www.editoramagister.com
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